¿Por qué no pensar entonces que la “enfermedad mental” está construida de la misma manera y sobre las mismas bases, descartando las posturas absolutistas de aquellos que reducen la locura y la enfermedad mental a un problema de “desviación de la norma” o un “trastorno” meramente individual, clasificable y de bases en última instancia biológicas?
Hace ya dos años que el Ministerio de Salud Pública convocó a diversas organizaciones con la finalidad de adecuar la legislación nacional a los estándares exigidos por las normativas internacionales en materia de derechos humanos en el campo de la así llamada Salud Mental.
De este intercambio participaron una cantidad de organizaciones y colectivos (organizaciones sociales, sindicales, de profesionales, estudiantiles y académicas, además de asociaciones de usuarios y de familiares) que presentaron una gama de contribuciones y posicionamientos en relación a la propuesta. También la Institución Nacional de Derechos Humanos cumplió un rol relevante en la continuidad de esos intercambios a través de la creación del Grupo Interdisciplinario de Trabajo en Salud Mental y Derechos Humanos.
Como fruto de este trabajo se propusieron a consideración parlamentaria dos proyectos de ley, uno presentado por el propio MSP y otro elaborado por la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida digna, organización en la que se agrupan buena parte de las organizaciones y colectivos que desde hace varios años vienen trabajando por cambios sustanciales en las arcaicas concepciones que prevalecen hasta ahora en materia de salud mental.
Este último proyecto que corregía contradicciones y ambigüedades contenidas en el proyecto del MSP, enmarcándolo en forma más clara en el respeto a los derechos humanos de los usuarios, fue soslayado y reducido a la categoría de “insumos” en la Comisión del Senado, que trabajó exclusivamente sobre el proyecto ministerial.
Concluido el trabajo en comisión, el proyecto pasó a consideración de la Cámara de Senadores, que luego de un breve y laudatorio examen, lo aprobó por unanimidad. Como la intención declarada del ministro Basso es que la nueva ley de Salud Mental sea aprobada a finales de la presente legislatura, habrá que esperar a ver cuál es el trámite que le dará la Cámara de Diputados. .
Dado el largo, espinoso y por momentos tenso proceso de discusión que antecedió al actual proyecto de ley, pensamos que no están de más unas breves reflexiones sobre el tema en cuestión.
La primera es que, sin dejar de reconocer el avance que el proyecto supone respecto a la obsoleta legislación aún vigente, el excesivo protagonismo que se confiere a las profesiones médicas y al propio MSP pone en riesgo un verdadero trabajo inter y transdisciplinario como lo vienen reclamando la mayoría de las organizaciones que participaron de las instancias de discusión. Las miradas innovadoras y las formas de intervención que vienen desde “el afuera” con un real énfasis en los derechos humanos quedaron finalmente empañadas por la adopción de los repetidos modelos hegemónicos que subyacen en buena parte del texto del proyecto.
Por eso y más allá de buenas intenciones inspiradoras, es necesario ver los distintos grados de complejidad contenidos en el proyecto.
Sin duda uno de ellos está conformado por las tensiones existentes entre las diferentes concepciones sobre “salud mental”.
Sabido es que este campo ha sido por mucho tiempo un campo confinado a los “especialismos” donde la intervención de otros actores por fuera de la medicina ha sido muchas veces considerada irrelevante y hasta vista como una interferencia.
Pero como el paradigma de los derechos humanos nos involucra a todas y todos habrá que librar una lucha contra los poderes y saberes instituidos, de forma que el trabajo con la “salud mental”nos lleve realmente a convertirla en un espacio de invención, abierto y creativo que permita el afianzamiento de estos derechos.
Política, Derechos Humanos y Salud Mental: ¿una ligazón (in)visible?
Miguel Scapusio
1 Ps. Integrante del Servicio Paz y Justicia. SERPAJ Uruguay
También deberíamos estar atentos para ver bajo qué condiciones materiales, conceptuales y prácticas se desarrollaría la aplicación de esta ley. Con esto nos referimos concretamente a las decisiones políticas en materia de recursos y al necesario reconocimiento y validación igualitaria de todos los actores involucrados. Sin descartar el posible conflicto de intereses entre algunos de estos actores (instituciones públicas y privadas, clínicas especializadas, asociaciones de profesionales y otros).
Volviendo al texto del proyecto, el capítulo 2 del mismo (Definiciones y Garantías), define a la salud mental como “un componente fundamental de la salud integral. Constituye un proceso de determinación histórica, social, económica, cultural, psicológica y biológica, vinculado a la concreción del derecho a la vida digna, al bienestar, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación, a la cultura, entre otros derechos inherentes a su condición de persona”.
Ateniéndonos a ella, -señalando de paso que la definición omite la dimensión colectiva- el campo de la Salud Mental estaría atravesado entonces por una cantidad de determinaciones y variables económicas, políticas, culturales, sociales y tecnológicas, sin contar las expresiones subjetivas con las que las personas y los colectivos viven y representan la realidad de su época.
Hace ya muchos años Michel Foucault mostraba cómo fue construyéndose un discurso sobre la locura, develando las sutiles relaciones de poder contenidas en esos discursos.
Siguiendo esta línea, podríamos coincidir en que la “salud mental” no se encuentra en ninguna entidad abstracta de validez universal sino en las condiciones concretas de la existencia y en las representaciones que la impregnan en un tiempo histórico determinado.
La pregunta es entonces ¿de qué salud mental y de qué derechos humanos estamos hablando hoy?
Por qué en todas las partes del mundo los derechos humanos han sido y son recurrentemente declamados e invocados desde los gobiernos y las instituciones estatales, pero casi nunca cumplidos en la práctica.
De acuerdo a esto, como la propia definición citada lo demuestra, el famoso “cambio de paradigma” sólo sería realizable en una sociedad en donde la justicia, la educación, la distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y el respeto a las singularidades de personas y colectivos abarcara a todos y todas sus integrantes, cosa que en el presente estamos lejos de lograr y que por otra parte desbordaría los cometidos del MSP. (Las referencias a la necesaria intersectorialidad, que posibilitaría el involucramiento tanto de otras instituciones del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil están apenas esbozadas en algunos artículos del proyecto).
Por eso, la lucha por la “salud mental”- sin descartar sus cometidos específicos- es esencialmente una lucha política, esto es, de todos.
Entonces, ¿cómo pensar la salud mental en un planeta donde la guerra asola regiones enteras y la miseria expulsa de sus países a millones de personas? (Según cifras de Acnur, hay más de 500 millones de refugiados que viven en condiciones extremas, lo que representa casi un 8% de la población mundial).
2 Proyecto de ley MSP
3 Michel Foucault “ Historia de la locura “. Fondo de Cultura Económica, México 1967.
¿Cómo entender que mientras las redes de narcotráfico, de explotación sexual y de trabajo esclavo continúan expandiéndose, las grandes empresas transnacionales-con el beneplácito o la pasividad de los Estados- contribuyen a la explotación de un enorme contingente de seres humanos y a la destrucción masiva de los recursos naturales?
¿No nos autorizaría esto a pensar que la “locura” radica más en el dominio al que estamos sometidos por los poderes políticos, económicos y mediáticos que rigen hoy el mundo globalizado y las formas de vida que imponen a las poblaciones en vez de ir a buscarla en singularidades -cualesquiera sean éstas- consideradas “enfermas”?
Cabe también preguntarse de qué salud mental estaríamos hablando en un país que se encuentra hoy en un relativo estancamiento, con amplios sectores en la pobreza o con apenas lo básico para sustentar su vida, con una crisis generalizada de su sistema educativo y en el cual el discurso sobre la inseguridad lleva a tener la tasa de prisionalización más alta de América Latina. Y en lo referente a la salud, basta ver las condiciones en las que se encuentran las instituciones públicas –en particular las que se ocupan de la “locura”-, los abusos que se cometen contra quienes están internados, los conflictos y reclamos recurrentes que involucran a profesionales, trabajadores y usuarios y las recientes presiones para que el hospital más grande del país (el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de la República) termine aceptando formas veladas de privatización bajo las pautas de programas de participación pública-privada.
4 Cecilia Silva:” Entre la apariencia de discursos coincidentes y la esencia de contenidos irreconciliables”.
Revista de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, número 274, setiembre 2015.
Por otra parte, cuando hablamos de salud mental es necesario advertir que existe el riesgo que la psiquiatría –y en particular la psiquiatría biológica - se inserte como uno más de los tantos dispositivos de control social con los que se trata de regular el funcionamiento de la sociedad. Su pretendido dominio sobre “la enfermedad mental” se torna excluyente de otros saberes y formas de aproximación en ese terreno. “Con el agravante de que su arsenal farmacológico ya no se dirige solamente a los “locos”, sino predominantemente a los “normales”, o sea, a todos. Sus definiciones “objetivas” toman lo cotidiano como foco de intervención: la angustia, el insomnio, los conflictos entre padres e hijos, la tristeza o cualquier estado que escape a la norma se convierten en “patologías” siempre nuevas que merecen nuevas descripciones y –a menudo- previsiones de incurabilidad. Por otro lado, se promete una cura sintomática en caso de que se utilice la medicación correcta, a veces de por vida. Con esta operación se define el futuro de la(s) persona(s) como si este ya estuviese dado”.
5 Cristina Rauter : “ Psiquiatría, Saúde Mental e Bio-Poder”. En Psicología em Estudo, Maringá, Brasil, junio de 2009
6 Cecilia Silva (obra citada)
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Así, un proyecto que había generado grandes expectativas, corre el riesgo de empantanarse en discursos que parecen estar en consonancia con los derechos humanos pero que finalmente no realizará cambios sustanciales en su modo de operar con el eje salud-enfermedad, binarismo en el que se basan los sistemas sanitaristas que -con nuevos ropajes- continúan vigentes en nuestro país.
Como señala acertadamente Cecilia Silva: “El análisis de la influencia de la medicalización social y de la psiquiatrización del sufrimiento mental en el campo de producción de la política sanitaria referida a los procesos de salud-enfermedad, es sustancial a la hora de comprender con cabalidad a partir de qué tomas de posición los agentes de ese campo desarrollan sus estrategias y ponen en juego la disputa por el logro de sus intereses” Y agrega: “Los efectos de la medicalización social afectan individual y colectivamente a todos los integrantes de la sociedad uruguaya. Por tanto también tienen eco los efectos de la subjetividad medicalizada de quienes se ven involucrados en la conquista y la disputa de la política pública”
Un ejemplo de esto en el proyecto es el que se refiere al Órgano de Revisión, que continuará bajo la órbita de MSP convirtiendo a esa repartición del Estado en juez y parte simultáneamente. El modelo hegemónico médico y el intenso lobby desarrollado por las asociaciones psiquiátricas pudo más- al menos en esta etapa- que la opinión fundamentada de actores provenientes de distintos campos (derecho, filosofía, psicología, antropología y saberes extra disciplinarios) que señalaban la incongruencia de que un actor estatal se arrogara las competencias de un organismo independiente para la observancia de los derechos humanos.
Sabemos que en cada época, las diferentes prácticas de control social producen los objetos sobre los cuales van a operar. Así, la inquisición no puede ser pensada sin posesos y brujas, la cárcel sin los delincuentes, ni el encierro de lo diferente (asilos, manicomios) sin los alienados, los locos. Al mismo tiempo, estas prácticas producen sus operadores legales: en la inquisición, exorcistas, tribunales y verdugos, en la cárcel los sistemas de justicia penal, la policía y los celadores y en el encierro los especialistas doctos (médicos y psiquiatras).
Las resistencias de estos últimos – convalidadas en el proyecto por los actores políticos - a aceptar un trato realmente igualitario con los demás actores del campo de la salud mental, basadas en argumentos de “cientificidad” sobre la “enfermedad mental”, parecen más una cerrada defensa de un coto casi exclusivo que un aporte diferenciado que pudiera resultar significativo en términos de salud. Por otra parte, desde otras miradas - fundadas en criterios hermenéuticos, prospectivos y de mayor legitimidad argumentativa- se considera a la psiquiatría actual como un tipo especial de medicina mucho más descriptiva que explicativa que cumple además, un importante papel como dispositivo de control social a través de modelos clasificatorios, prescriptivos y comunicacionales Citamos nuevamente a Cecilia Silva: ““¿Qué es de la medicina psiquiátrica sin la enfermedad en el sentido más convencional de término? ¿A dónde queda su especificidad? ¿Cómo y cuánto se reduce su campo de dominio?”.
Lamentablemente, el texto aprobado por el Senado sigue concediendo importantes parcelas de poder a estas concepciones (la decisión sobre las internaciones no voluntarias quedaría a cargo de médicos y psiquiatras, sin tener en cuenta el enfoque y la opinión de otros profesionales en un trabajo que debería ser verdaderamente interdisciplinario).
Por eso hay que señalar que, a pesar del uso de un lenguaje aparentemente actualizado a través del cual se proponen cambios significativos respecto a la legislación anterior, en el texto se cuelan procedimientos en los que prevalecen, una vez más, los criterios relacionados con la enfermedad mental (como campo de saber detentado casi en exclusividad por la psiquiatría) en vez de aquellos que deberían atender más privilegiadamente a la salud mental y los derechos humanos tanto de los usuarios como de todos los actores involucrados.
Esperemos que las importantes movilizaciones que se siguen realizando y el arduo trabajo de un gran número de organizaciones puedan posibilitar que, en su tratamiento en el Parlamento, estos aspectos -sustantivos en términos de derechos humanos- puedan ser modificados.
El manual de cabecera de los psiquiatras, el DSM, viene agregando en cada nueva versión, también nuevos “trastornos” que cubren prácticamente cualquier esfera de la vida cotidiana y sus expresiones subjetivas, cerrando así el circuito de la medicalización de la vida.
La psiquiatría - al menos en Uruguay- sigue defendiendo “tratamientos” como el electroshock cuyos efectos deletéreos sobre la salud de las personas ha sido demostrado y denunciado abundantemente en todo el mundo.
Estos “tratamientos” –que harían sonreír de satisfacción a los psiquiatras soviéticos en la etapa del stalinismo o a los carceleros de Guantánamo- podrían seguirse aplicando aún con la nueva ley, lo que constituiría una grave transgresión a la perspectiva de los derechos humanos que el proyecto de ley sustenta.